De cómo las preferencias individuales, chocan con las colectivas y los partidos políticos, mecanismos (a través de los Gobiernos) de asignación de bienes públicos, no realizan una correcta provisión de los mismos.
Atendiendo al criterio de Optimalidad de Pareto, que podríamos resumir como “Situación de bienestar en la que no se pueda incrementar el bienestar de un individuo sin que los otros vean reducido su grado de bienestar” y al hecho de que en escasas situaciones las preferencias o el orden de preferencias individual son las mismas que las de la colectividad o el conjunto de la sociedad. Podemos establecer diversos supuestos.
Si el nivel eficiente de preferencias implica que el bienestar general se alcanza en base al óptimo de Pareto, pero nos encontramos con que existen una serie de derechos garantizados o cubiertos por nuestra constitución como puedan ser […]Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.[…] […]Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo[…] […]Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.[…] y un largo etc…
Observaremos que en nuestra realidad, en nuestra sociedad existen colectivos que ven mermados sus derechos constitucionales, bajo criterios sociales, que no legales, como por ejemplo el entendimiento social de que el acceso de inmigrantes (es decir el primer apartado de supuestos, casi en su totalidad) al mercado de trabajo hará disminuir la cantidad de trabajo ofrecida para el conjunto, cuestión que no es real en la mayoría de situaciones ya que estas personas no acceden a empleos cualificados que suelen ser los que más demanda producen entre los Españoles.
Observamos también que existen determinados colectivos con elevadas rentas, que se encuentran fuera del control de la hacienda pública, que existen mecanismos para no declarar de forma real los ingresos anuales y los beneficios obtenidos en un curso o varios, por lo que falla directamente el sistema de distribución de la renta.
Observamos que dada la situación actual, implica que hay determinada cantidad de población que quiere acceder a una vivienda, pero el mercado marca un precio concreto en base a la cantidad de viviendas que existen en el mismo, quedando gran cantidad de viviendas por ocupar y un elevado número de la población sin poder cubrir sus expectativas.
Todo ello hace que resulte prácticamente imposible que se de el Estado de Bienestar que marca Pareto, es decir que estaríamos hablando de que existe un elevado índice de población que vive en índices subóptimos de bienestar.
Al respecto de que la escala de preferencias individual no casa con la escala de preferencias colectivas o del conjunto de la sociedad, nos encontramos con la escasa utilización de mecanismos de acción colectiva por parte de los individuos, un individualismo imperante que hace primar los intereses particulares por encima de los del grupo social. Si vamos al dato concreto y atendemos a una escala nacional, entenderíamos sociedad como el conjunto de la población española. Así pues, las diversas políticas autonómicas (dependiendo del color del gobierno autonómico de turno) priman intereses “particulares” o “individuales” de su autonomía por encima del bienestar o interés del conjunto de la sociedad. Políticas educacionales que priman lenguas concretas, asignaturas concretas o utilización de las mismas con fines doctrinarios y particulares. Políticas sociales que entran en conflicto directo con políticas estatales. Políticas económicas diferenciadas que priman a sectores poblacionales por encima del resto de la sociedad, como pueda ser el cupo o el concierto. Políticas de integración que se autoatribuyen competencias estatales y por ende no entran jamás en funcionamiento creando sociedades paralelas. Coberturas especiales a nivel sanitario que no son las mismas en todo el territorio del Estado. Recursos de interés general como los Hídricos incluidos en gestiones particulares utilizados como arma arrojadiza por parte de partidos concretos o autonomías concretas.
Estaríamos pues, ante un auge del concepto del free-rider gestionado por parte de los nacionalismos y no nacionalismos, regionalismos, localismos y en menor medida por parte de todos y cada uno de los individuos de esta sociedad. A los que por regla general les interesa maximizar su bienestar aunque sea en detrimento del resto de los individuos.
Por otro lado y considerando la escasa participación del ciudadano en la política a lo largo de las tres últimas décadas, relegada (por interés partidista, por desconocimiento, por desinterés…) al mero hecho de votar (o no) en sucesivas elecciones como si de un cheque en blanco se tratase. Los distintos partidos políticos, erigidos como mecanismos de Gobierno una vez llegan al poder, han dejado de mostrar interés por las preferencias tanto individuales como colectivas. Poco se diferencian hoy día los discursos programáticos de los partidos mayoritarios, poco se diferencian sus medidas. Y poco que ver tiene con los intereses reales de la ciudadanía.
Por ende, poco eficiente resulta la provisión de bienes públicos por parte de los Gobiernos. Como ejemplo, existen numerosas quejas en la Comunidad Valenciana del deficiente funcionamiento de la educación y la sanidad en lo que a Escuelas-Institutos y Hospitales se refiere. Sin embargo, el interés del Gobierno Autonómico es promocionar una imagen de Valencia concreta para favorecer un Sector Servicios, y Obras Públicas para maquillar tasas de paro, ineficiente e ineficazmente gestionado, es decir caduco, a costa de los ingresos de los ciudadanos.
¿Pero es esto culpa tan sólo de los partidos políticos y su ineficiente e ineficaz gestión? No, es culpa también del ciudadano, volcado en su interés particular, en su problema particular. La no utilización de los recursos que existen para trasladar su incomodidad y la ausencia de coberturas a los Gobiernos para que actúen deriva en la perpetuidad de un sistema de bienestar que lejos de ser óptimo, vulnera los derechos de todos y todas como ciudadanos de este Estado.
Los partidos políticos se han erigido como gestores públicos, a nivel estatal, autonómico, provincial y local. Lejos del interés de la sociedad, atesoran votos como si daciones particulares a fondo perdido se tratara, su único interés es perpetuar su estancia en el Gobierno, y ello ocasiona fallos del sector público. Unos fallos que se van arrastrando desde lo local a lo estatal, que se intentan subsanar con mayores contrataciones, con mayores controles burocráticos, con mayor regulación, y que a su vez lo único que consiguen es engrosar el problema hasta límites insospechados.
No hemos de olvidar tampoco, que las preferencias individuales, en base a programas políticos que no están en consonancia con la realidad, aunque se expresen de forma mayoritaria, a través de elecciones, pasan por un filtro concreto que es nuestra actual Ley Electoral (y las correspondientes leyes electorales autonómicas). Dicha Ley es un mecanismo transformador de votos en escaños (un número concreto y determinado), un mecanismo de corte, que por la forma en que está redactado termina discriminando sentires minoritarios por no llegar a barreras mínimas de exclusión. Sentires tan válidos en democracia como cualquiera de los que efectivamente llegan a ocupar los escaños de un Parlamento concreto.
Por tanto, si sesgadas son en principio las preferencias individuales y poco tienen que ver con las preferencias colectivas, poco tienen que ver la gestión de dichas preferencias que se hace por parte de “ciertos” partidos políticos que no representan a la totalidad de la ciudadanía. Es más, dicha desfavorecedora ley electoral prima ciertos partidos minoritarios que se presentan en algunas circunscripciones concretas por encima de otros que se presentan a nivel estatal, consiguiendo un desajuste real de lo que puede ser el interés general de la ciudadanía. Encontrándonos que intereses individuales (autonómicos) tienen mucho más peso que intereses generales (estatales), el ejemplo actual sería CIU-ERC-PNV frente a partidos como IU o UPyD.
La complicada conjunción de variables expuestas nos lleva pensar en que nos encontramos ante un sistema obsoleto. No existen niveles óptimos del bienestar, no se respetan ni los intereses individuales, ni los colectivos, existe una tendencia a la irrelevancia de los mecanismos de acción colectiva real y efectiva, y los partidos políticos extendidos a los gobiernos como raíces partitocráticas que asfixian al estado minan al conjunto de los ciudadanos, minan a los individuos, minan el estado, minan el bienestar…
Julio Lleonart i Crespo
Yuri Aguilar
Hola. Quería realizarte unos apuntes sobre tu ensayo en los que no estoy de acuerdo. En primer lugar, no soy ningún experto en teorías de elección pública, pero hay varias cosas de tu ensayo que me chirrían.
En primer lugar, cuando relacionas el efecto del free-rider a una especie de individualismo insolidario y egoista. Desde el punto de vista del public choice, esto no se da por una razón emocional o inmoral sino simplemente por un cálculo racional, base de toda esta teoría en su aplicación de la ciencia política. Si alguien pone un ejército que me proteja, no hace falta que yo pague para tenerlo. Si todos llegamos a ese cálculo, quien paga el ejército? De ahí surge, según esta teoría, la necesidad de un ente coercitivo que es el Estado para asegurar la provisión de los bienes públicos.
En segundo lugar, aplicar la teoría a nivel español identificando la sociedad con el conjunto de España y el individuo con alguna de sus nacionalidades o regiones, si que no lo entiendo. En las Comunidades Autónomas también se da la problemática de la acción colectiva. Siguiendo tu razonamiento podríamos identificar a España con el individuo y Europa con la sociedad. ¿Por qué razón España prima sus intereses por encima de los intereses europeos? ¿Qué clase de egoismo individualista le lleva a minimizar el bienestar colectivo de todos los europeos? Puedo entender una justificación histórica, nacionalista, de este hecho, pero no una sustentada en la Public Choice.
En tercer lugar, solo un apunte. El sistema electoral actual beneficia a PP y PSOE principalmente (ligeramente a PNV), perjudica sobretodo a IU, a UPyD (pero también a ERC y CiU). Si hablas de la prima en cuanto a la negociación post-electoral, habría que recordar que cuando PSOE e IU sumaban para gobernar (1993), el PSOE decidió pactar con CiU. Pero ese es otro tema. En ese punto, vuelves a identificar intereses “individuales” (CiU) y “colectivos” (UPyD?)… cayendo en el mismo error que te decía antes. Si intentaras justificar esa diferenciación, quizás te llevarías una sorpresa.
Un saludo y perdona el rollo.
Al respecto de tu último apunte, CiU y ERC se ven beneficiados en el número de escaños que obtienen porque sus concentración de votos se da ÚNICAMENTE en 4 de las 52 circunscripciones electorales que hay en España. El hecho de que ambos partidos presenten candidaturas en solo una mínima parte de los distritos, y que concentren esfuerzos en acceder al Congreso de los Diputados (cámara de represetación nacional) y no al Senado (cámara de representación territorial), hace pensar que el punto 2 del artículo 67 de la Constitución Española (el que dice que los diputados no podrán estar sometidos a mandato imperativo) está seriamente violado.
Ese es el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, ni CiU ni ERC salen perjudicados por lo que a representación se refieren, precisamente la concentración electoral les impulsa y les hace obtener más escaños que si presentasen candidaturas en todo el país y presentasen un programa con intereses comunes. Ambos son partidos regionales en una cámara de representación nacional: esto es un grave error y me remito a la problemática de la financiación autonómica.
A ver, no entiendo muy bien la relación que sacas entre el mandato imperativo, el tema de las circunscripciones y el del Senado (que de cámara territorial tiene el nombre, pero que todos sabemos que no actua como tal ni de lejos).
Sobre la sobre-representación de CiU y ERC decirte que te equivocas. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los datos:
Beneficiados:
PSOE (43.87% de los votos // 48.29% de los escaños)
PP (39.94% de los votos // 44.00% de los escaños)
PNV (1.19% de los votos // 1.71% de los escaños)
Perjudicados:
IU (3.77% de los votos // 0.57% de los escaños)
UPyD (1.19% de los votos // 0.29% de los escaños)
Esquerra (1.16% de los votos // 0.86% de los escaños)
CiU (3.03% de los votos // 2.86% de los escaños)
Y por último, cuando dices:
“Ambos son partidos regionales en una cámara de representación nacional: esto es un grave error y me remito a la problemática de la financiación autonómica.”
A que conclusión llegas? Que habría que prohibirles la presencia en el Congreso? (Por cierto, eso de cámara de representación nacional, con esas palabras, no figura en la Constitución). Estos partidos no surgen de la nada sino del voto de ciudadanos. Y con esos votos, que son más que los de IU y UPD juntos, tienen una determinada representación. Y con una circunscripción única, seguirían obteniendo una importante representación. Hacer proporcional el sistema no les perjudica a ellos (con la excepción del PNV) sino al PP y al PSOE.
Al respecto del Free rider, es cierto 100% lo que aduces, son comportamientos maximizadores… ¿Y fuera de los discursos nacionalistas que venden para sus votantes, no se trata de un intento de maximización del bienestar, del suyo exclusivamente que va en detrimento del resto de la sociedad? Yo creo que sí.
El nacionalismo se vende de cara al “público” como una serie de justificaciones históricas… Dudo mucho que en realidad por parte de los “dirigentes” políticos nacionalistas, o de los partidos políticos nacionalistas realmente se contemple una cuestión méramente histórica o sentimental como el combustible que les mueve. Al final, analizado en profundidad lo único que les interesa a dichos líderes es la maximización de su beneficio. Amparados eso sí en discursos historicistas y partidistas, pero al final las competencias que quieren detentar son las que les dejan algún rédito económico exclusivo que marca beneficios para una sóla parte de la sociedad. Lo cual entra dentro de la definición de Free rider.
En el tema España-Europa es más complicado… La legislación Europea es mucho más estricta y el 70% de las normas que se aprueban en España son meras transposiciones de legislación europea. Pero sí, independientemente de ello, hay un interés maximizador “español” o “francés” o “alemán” o etc… que beneficiando a dichos entes “individuales” estaría entorpeciendo al “conjunto” de la “sociedad”.
Recordemos, una cosa es el discurso que se vende de cara a los votantes y otra lo que muchos partidos tienen como intereses propios que no son los de los votantes o que no casan con lo que han “vendido”.
Lo que no entiendo del uso de la figura del free-rider (o polizón) es cual sería el bien público que se niegan a pagar porque ya lo pagan otros??
Y de existir alguno (que no lo hay, pero bueno), no tiene sentido cuando todas las propuestas financieras de los partidos nacionalistas no españoles incluyen el pago al Estado de las competencias exclusivas de este, más una aportación en concepto de cohesión territorial (o solidaridad, como quieras)…